El pasado jueves 17 de julio, en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá, se llevó a cabo la esperada mesa de diálogo entre representantes del Gobierno Nacional y voceros del Comité Nacional de Arroceros del Paro. La reunión, que inició a las 11:00 a.m., abordó los puntos más urgentes del pliego de exigencias, siendo el más crítico la fijación del precio del arroz.
Durante la jornada participaron la ministra y viceministra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; la ministra y el viceministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y el viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por parte del gremio arrocero, estuvieron presentes 14 voceros de manera presencial y 8 más de forma virtual, representando a productores de distintas regiones del país que desde el pasado lunes 14 de julio mantienen bloqueos como medida de presión.
En la mesa se reiteraron las principales exigencias de los arroceros, entre ellas:
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La implementación de un régimen de libertad vigilada para establecer un precio justo del arroz.
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El incentivo de parafiscales para agricultores y el pago de apoyos a la comercialización.
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La revisión de la Tasa de Uso de Agua (TUA), que no ha tenido ninguna modificación.
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El cumplimiento de compromisos previamente firmados y la aplicación de controles efectivos contra el contrabando e importaciones, especialmente desde Ecuador, así como la revisión urgente de los Tratados de Libre Comercio.
Uno de los puntos más álgidos fue el desplome del precio del arroz, que pasó de $235.000 a $170.000 por carga de 125 kilos. Esta caída ha generado pérdidas estimadas en $297 mil millones en el primer semestre del año, y se proyectan aproximadamente $772 mil millones para el segundo semestre, en plena cosecha.
Los líderes arroceros manifestaron su inconformidad con la resolución presentada por el Gobierno, la cual, según indicaron, presenta vacíos técnicos y jurídicos. No se definieron parámetros de calidad como impurezas y humedad, lo que deja espacio para posibles abusos por parte de la industria. Además, se redujo el pago anticipado del 25% al 15%, y el restante 85% solo se entrega tras 45 o 50 días, agravando la crisis financiera del productor.
También señalaron que los industriales podrían negarse a acogerse a la resolución por temor a sanciones o falta de recursos, lo que pone en riesgo la comercialización de las cosechas.
Pese al encuentro, desde el Comité Nacional de Arroceros se expresó que los bloqueos continuarán hasta que se logren acuerdos reales, estructurales y de ejecución inmediata. El llamado al Gobierno Nacional fue contundente: no se levantará el Paro Nacional sin soluciones claras que garanticen la sostenibilidad del sector arrocero.