Este 28 de julio de 2025, la juez Sandra Liliana Heredia dictaminó la culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un proceso que demoró cerca de 13 años y entraña profundas divisiones políticas. Con más de 10 horas de lectura del fallo, la magistrada concluyó que Uribe coordinó con su abogado Diego Cadena la manipulación de testimonios de exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, para desvirtuar acusaciones contra el senador Iván Cepeda .
El expresidente fue absuelto de un cargo por soborno simple a una fiscal, pero podría enfrentar una pena de 6 a 12 años de prisión, que por su edad (73 años) podría cumplirse en arresto domiciliario.
La sentencia final se conocerá en una audiencia marcada para el 1 de agosto, donde se decidirá la modalidad de cumplimiento y posible reducción de pena, mientras que la defensa ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Reacciones políticas: polarización total
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El fallo ha provocado una fractura política profunda: líderes de derecha, como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, denunciaron el caso como un supuesto ‘lawfare’, respaldado incluso por actores en EE. UU.
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En contraste, el presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda y figuras del centro político exigieron respeto al fallo judicial y defendieron la independencia institucional .
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Actores del Centro Democrático —el partido fundado por Uribe— optaron por una postura más institucional, presentando un frente legal unido para apelar la sentencia.
Contexto y antecedentes clave
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El proceso se remonta a una demanda inicial presentada por Uribe en 2012 contra Iván Cepeda por presunto libelo. Esta fue la chispa que, en 2018, transformó el caso en una investigación contra Uribe por manipulación de testigos mediante intermediarios y coordinaciones con paramilitares.
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El juicio se prolongó por más de 67 días de audiencia, con más de 100 testigos, incluidos relatos clave como los interceptados a Diego Cadena y retratos de presunta presión sobre exparamilitares para cambiar versiones.
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Durante el proceso, se presentaron recursos legales y suspensiones. En marzo de 2025, la Corte Suprema había ordenado una suspensión temporal por cuestionamientos sobre la imparcialidad de la jueza, medida que luego fue superada.
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La Procuraduría pidió absolución, argumentando insuficiencia en las pruebas aportadas por Monsalve, mientras que la Fiscalía solicitó una condena clara e inequívoca por fraude y soborno.
¿Por qué importa este veredicto?
Es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente es hallado culpable penalmente en un juicio ordinario.
Llega menos de un año antes de las elecciones presidenciales de 2026, donde aliados de Uribe están entre los aspirantes. La sentencia puede reconfigurar el mapa político de la campaña.
Refuerza o cuestiona el papel de la justicia independiente en un país con antecedentes de presiones políticas y escándalos judiciales como la yidispolítica, los falsos positivos y las chuzadas del DAS.