El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no terminó con las labores de rescate y atención de los damnificados. Un mes después, el país enfrenta ahora uno de los mayores desafíos: reconstruir viviendas, hospitales, colegios, vías y servicios públicos mientras las finanzas nacionales atraviesan un escenario complejo.
La magnitud económica de la tragedia comienza a tomar forma. El Gobierno había estimado inicialmente que la reconstrucción de los daños materiales demandaría más de $30 billones, de los cuales $24,5 billones corresponderían a edificaciones y otros $5,5 billones a infraestructura.
Sin embargo, un análisis publicado este 10 de septiembre sitúa las necesidades totales de reconstrucción alrededor de $42,1 billones, equivalente a cerca del 2,3 % del PIB colombiano. Las necesidades calculadas para los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas alcanzarían aproximadamente $36,6 billones.
Un país que debe reconstruir mientras ajusta sus finanzas
El desafío no es únicamente conseguir dinero. El Gobierno de Abelardo De La Espriella también enfrenta la necesidad de ordenar las cuentas públicas. La propia Presidencia ha señalado que el Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a $635 billones, mientras que el Ejecutivo trabaja en medidas para reducir el déficit fiscal. Al mismo tiempo, la emergencia generada por el terremoto exige recursos extraordinarios para atender la recuperación de las regiones afectadas.
El escenario obliga al Gobierno a intentar equilibrar dos necesidades que avanzan simultáneamente: contener el gasto público y financiar la reconstrucción de las zonas devastadas. Precisamente por esta situación, la Presidencia declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica después del terremoto. La medida permite adoptar herramientas extraordinarias en materia presupuestal, contractual, crediticia, tributaria y financiera, siempre que estén directamente relacionadas con la atención y recuperación de la emergencia.
Fondo Milagro: la apuesta para financiar la reconstrucción
Una de las principales herramientas anunciadas por el Gobierno es el denominado Fondo Milagro, creado para canalizar recursos destinados a la recuperación y reconstrucción. La estrategia busca involucrar no solamente al Estado, sino también al sector privado, entidades territoriales, aseguradoras, constructores y sector financiero.
El Gobierno también ha planteado mecanismos como el uso de recursos del Sistema General de Regalías, préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización y la ampliación temporal de las denominadas Obras por Impuestos. La idea es que la reconstrucción no dependa exclusivamente del presupuesto nacional y pueda contar con diferentes fuentes de financiación.
Detrás de las cifras económicas hay una emergencia social de enormes dimensiones. De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Vivienda, el terremoto afectó a 16 departamentos y 497 municipios, con 293.743 familias y 466.606 personas afectadas.
El reporte registra además 201.005 viviendas averiadas y 36.336 destruidas, junto con miles de edificaciones afectadas. Por eso, la reconstrucción no consiste únicamente en levantar nuevas viviendas. También implica recuperar infraestructura educativa y sanitaria, vías, redes de servicios públicos y las condiciones necesarias para que las comunidades puedan volver a desarrollar sus actividades económicas.
El Gobierno estructuró el Plan Milagro de Reconstrucción en tres grandes fases.
La primera corresponde a la atención y evaluación de la emergencia y se extiende hasta finales de septiembre. Allí se concentran las ayudas humanitarias, la evaluación de estructuras, la remoción de escombros y las acciones urgentes.
La segunda fase, denominada de recuperación y soluciones, ya está en marcha y contempla un periodo aproximado de nueve meses.
Finalmente, la tercera etapa estará enfocada en la construcción de nuevas viviendas y la reconstrucción de las zonas afectadas. El Ministerio de Vivienda ha planteado soluciones diferenciadas para viviendas urbanas, rurales y palafíticas, debido a las características particulares de cada territorio.
El gran interrogante: ¿de dónde saldrán los recursos?
Esta es probablemente la pregunta económica más importante que deja la emergencia. Las necesidades de reconstrucción son enormes y se producen al mismo tiempo que el Gobierno intenta reducir el déficit fiscal y controlar el gasto público. El escenario podría llevar al Ejecutivo a combinar recursos presupuestales, financiación internacional, mecanismos de crédito, inversión privada y herramientas extraordinarias habilitadas durante la emergencia.
De hecho, el Gobierno ya informó sobre la disponibilidad de un primer tramo de US$200 millones de un crédito del Banco Mundial para atender las necesidades más urgentes de las víctimas. Además, el presidente ha planteado una participación más activa del sector empresarial en el proceso de reconstrucción, especialmente en proyectos de vivienda e infraestructura.
La reconstrucción de las zonas afectadas no será inmediata. Más allá de las ayudas que puedan entregarse durante los próximos meses, levantar nuevamente comunidades enteras requerirá planificación, inversión y vigilancia sobre los recursos públicos. El terremoto también dejó al descubierto problemas estructurales que ya existían en varias regiones, especialmente en materia de vivienda, infraestructura, acceso a servicios y conectividad.
Por eso, el desafío para Colombia no será solamente reconstruir lo que destruyó el terremoto, sino aprovechar este proceso para mejorar las condiciones de las comunidades que durante años han enfrentado altos niveles de vulnerabilidad.
A un mes de la tragedia, el país entra en una etapa decisiva. Por un lado, están las familias que necesitan recuperar sus viviendas y sus medios de vida. Por otro, un Gobierno que debe encontrar los recursos para financiar una reconstrucción multimillonaria sin profundizar las dificultades de las finanzas públicas.
La cifra definitiva todavía puede cambiar a medida que avance la evaluación de los daños. Lo que ya está claro es que la reconstrucción será uno de los mayores retos económicos, sociales y políticos que enfrentará Colombia durante los próximos años.