La seguridad volvió a ocupar el centro del debate político en Colombia luego de una operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura que las autoridades señalan como organización criminal con presencia en zonas del Caribe colombiano.
El operativo, reportado por la Presidencia el 21 de septiembre, dejó siete integrantes de esa estructura muertos y tres capturados, según el balance oficial. Entre los fallecidos se encontraba José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por el Gobierno como segundo cabecilla y financiero de la organización. Las autoridades también reportaron la incautación de armas y material de guerra.
Tras el operativo, la organización anunció un paro armado de 48 horas, situación que llevó al Gobierno a reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y otras zonas del Magdalena.
El Gobierno anuncia una respuesta de fuerza
El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo este 22 de septiembre que su administración no permitirá los llamados paros armados y afirmó que las instituciones actuarán contra las estructuras criminales que intenten restringir la movilidad o las actividades de la población. De acuerdo con la Presidencia, el mandatario reiteró que la respuesta estatal se desarrollará dentro del marco constitucional y legal. También anunció su desplazamiento a Santa Marta para participar en un consejo extraordinario de seguridad y evaluar la situación en el territorio.
El Gobierno sostiene que la operación contra las ACSN afectó su estructura de mando, sus finanzas y su capacidad armada. Según el reporte oficial, entre el material incautado se encuentran diez fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros.
Más allá de los resultados operativos, el lenguaje utilizado por el jefe de Estado frente a los grupos armados se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión pública. El presidente ha utilizado expresiones de confrontación directa al referirse a los integrantes de estas estructuras, manifestó que quienes no se sometan terminarán como los integrantes de la organización muertos durante el operativo.
Estas declaraciones han generado críticas de sectores defensores de los derechos humanos, que consideran necesario diferenciar entre la legitimidad de las operaciones de seguridad y el tratamiento que reciben las personas fallecidas. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha señalado que las acciones de la Fuerza Pública pueden desarrollarse dentro de la legalidad, pero que esto no significa que la muerte de personas deba presentarse como un hecho positivo. También ha insistido en la obligación de respetar a las personas fallecidas.
La situación también preocupa por sus efectos sobre la población civil, el debate no se limita al enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones armadas. La Defensoría del Pueblo ha advertido durante este año sobre la expansión territorial de las ACSN y los riesgos que enfrentan comunidades en diferentes regiones.
En marzo, la entidad emitió una Alerta Temprana de Inminencia por la expansión de esta organización hacia Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander. En ese documento señaló riesgos relacionados con homicidios, amenazas, reclutamiento de menores, desplazamiento y otras vulneraciones de derechos humanos.
La Defensoría también ha documentado disputas territoriales entre las ACSN y otras estructuras armadas en zonas del Caribe, particularmente alrededor de corredores estratégicos. Estos antecedentes permiten entender por qué la actual confrontación no se limita a un episodio aislado, sino que forma parte de una disputa territorial más amplia. Santa Marta y el Magdalena, en el centro de la atención
La situación en el Magdalena cobró especial relevancia después de la operación y del anuncio del paro armado. El Gobierno informó que reforzaría las capacidades de la Fuerza Pública en la región para evitar que las amenazas de las organizaciones ilegales afecten la movilidad y las actividades cotidianas de los ciudadanos.
La Gobernación del Magdalena también reportó este martes la realización de un consejo extraordinario de seguridad y solicitó un aumento del pie de fuerza para enfrentar la situación. El escenario mantiene la atención sobre Santa Marta y otros municipios del departamento, mientras las autoridades buscan garantizar el funcionamiento de las vías y la seguridad de la población.