Las relaciones entre Kosovo y Serbia enfrentan un nuevo capítulo de tensión luego de que la policía kosovar cerrara, el pasado 15 de enero, varias oficinas municipales vinculadas a Belgrado. Estas instituciones, utilizadas por la comunidad serbia, ofrecían servicios administrativos esenciales. El ministro del Interior de Kosovo, Xhelal Svecla, justificó la medida calificando estas oficinas como “paralelas y criminales” y acusando a Serbia de violar la Constitución y el Estado de derecho kosovar.

La operación, que incluyó el cierre de 35 instituciones y afectó a más de 1.100 empleados, ha sido recibida con indignación por Serbia. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, denunció el hecho como una “escalada peligrosa” y acusó al primer ministro kosovar, Albin Kurti, de usar estas medidas como parte de su estrategia electoral de cara a los comicios legislativos del próximo 9 de febrero.

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Para la comunidad serbia en Kosovo, la situación se agrava con cada nueva medida restrictiva. Además del cierre de instituciones, las autoridades kosovares han prohibido el uso del dinar serbio y limitado la importación de productos serbios, afectando servicios esenciales como hospitales y escuelas. Esta política ha acentuado el aislamiento de los serbios, quienes aún enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y libros escolares.

Con un historial de tensiones no resueltas desde la independencia de Kosovo en 2008, la crisis actual amenaza con desestabilizar la región. Mientras Kosovo defiende su soberanía, Serbia insiste en denunciar las acciones como provocaciones, dejando a ambas partes en un delicado equilibrio que pone en riesgo la paz en los Balcanes.

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