Abelardo de la Espriella anunció desde Barranquilla una nueva estrategia de seguridad que incluye operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía. El Gobierno busca identificar a extranjeros en situación migratoria irregular y dar prioridad a quienes estén involucrados en actividades delictivas. La medida no significa, por ahora, una deportación masiva automática de todos los migrantes irregulares.
Colombia entra en una nueva etapa de su política migratoria. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó este lunes 24 de agosto el inicio de operativos para identificar a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular y anunció que aquellos vinculados con actividades delictivas serán una prioridad para los procedimientos de deportación.
El anuncio fue realizado durante un consejo de seguridad en Barranquilla, ciudad que el Gobierno presentó como uno de los primeros escenarios para poner en marcha su nueva estrategia de seguridad y convivencia. La instrucción contempla una coordinación entre Migración Colombia y la Policía, con el propósito de identificar a extranjeros que no tengan regularizada su permanencia en el país y, especialmente, a aquellos que estén relacionados con hechos delictivos.
“Primero los colombianos”: el mensaje del presidente
Durante el consejo de seguridad, De la Espriella defendió un enfoque de seguridad centrado en los ciudadanos colombianos y fue enfático al referirse a los extranjeros que estén cometiendo delitos. El mandatario resumió su posición con la frase: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, al tiempo que ordenó comenzar los operativos esta misma semana.
En otro de sus pronunciamientos, el presidente manifestó que no aceptará que extranjeros involucrados en delitos permanezcan en territorio colombiano y señaló que quienes se encuentren en esa situación deberán ser sometidos a los procedimientos correspondientes para su deportación.
El Gobierno ha presentado la decisión como parte de una estrategia más amplia para combatir fenómenos como el homicidio, el hurto, la extorsión, el microtráfico y las estructuras criminales.
¿Qué significa realmente la orden?
Uno de los puntos más importantes para entender el anuncio es que estar en situación migratoria irregular no significa que una persona sea deportada automáticamente en ese mismo momento. La orden presidencial establece el comienzo de operativos de identificación y control. A partir de allí, las autoridades deberán determinar la situación particular de cada extranjero y aplicar los procedimientos administrativos que correspondan.
Migración Colombia ya realiza este tipo de actuaciones bajo las normas migratorias vigentes. De acuerdo con información oficial de la entidad, durante los primeros meses de 2026 se habían registrado 310 deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros, por diferentes causas relacionadas con irregularidades migratorias, documentación fraudulenta, riesgos para la seguridad, incumplimiento de normas y otros motivos establecidos en la legislación.
La propia autoridad migratoria diferencia entre deportación y expulsión. La deportación sanciona determinadas infracciones migratorias y puede implicar una prohibición de ingreso a Colombia durante un periodo determinado; la expulsión corresponde a situaciones diferentes, entre ellas aquellas relacionadas con riesgos para la seguridad, el orden público o determinadas actuaciones judiciales.
Los extranjeros que cometan delitos serán una prioridad
El elemento más contundente del anuncio presidencial está relacionado con los extranjeros que estén involucrados en actividades criminales. La instrucción impartida a las autoridades establece que los operativos deberán identificar, en primer lugar, a personas extranjeras vinculadas con delitos. Posteriormente, se revisará la situación de quienes permanezcan en Colombia sin cumplir las condiciones migratorias correspondientes.
Esto significa que la estrategia no debe interpretarse como una orden de expulsar indiscriminadamente a todos los extranjeros que viven en Colombia, sino como un endurecimiento de los controles migratorios y una instrucción para acelerar los procedimientos frente a quienes no cumplan las normas y, especialmente, frente a quienes estén relacionados con actividades criminales.
La capital del Atlántico tendrá un papel importante en la implementación inicial de la estrategia. Durante el consejo de seguridad, el Gobierno anunció que Barranquilla funcionará como una especie de escenario piloto para varias de las nuevas medidas de seguridad. Además de los controles migratorios, se anunciaron acciones contra el microtráfico, las estructuras criminales, la extorsión y otros delitos que afectan a la ciudad.
La estrategia también contempla fortalecer las labores de inteligencia, recuperar espacios públicos, revisar el sistema de cámaras de seguridad y mejorar la coordinación entre Policía, Fiscalía y autoridades locales.
¿Cuántos migrantes podrían verse afectados?
El anuncio genera especial atención debido a la importante población migrante que vive actualmente en Colombia, particularmente ciudadanos venezolanos. La agencia Associated Press reportó que Colombia alberga aproximadamente 2,8 millones de migrantes venezolanos y que una parte importante de esta población se encuentra en situación migratoria irregular. La misma agencia señaló que el nuevo enfoque representa un cambio frente a las políticas de acogida y regularización implementadas durante los últimos años.
Sin embargo, esto no significa que los millones de venezolanos residentes en Colombia estén automáticamente en proceso de deportación. La situación de cada persona deberá determinarse individualmente conforme a su condición migratoria y a las actuaciones que adelanten las autoridades competentes.
La decisión marca un cambio significativo en el discurso del Gobierno colombiano frente a la migración. Durante la última década, Colombia desarrolló diferentes mecanismos para regularizar a millones de venezolanos que llegaron al país huyendo de la crisis económica, política y social de Venezuela.
Uno de los principales antecedentes fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, implementado durante el Gobierno de Iván Duque, que permitió regularizar a una gran cantidad de ciudadanos venezolanos. Ahora, el Gobierno de De la Espriella plantea un enfoque mucho más orientado al control, la seguridad y la deportación de quienes incumplan las normas migratorias.
El Gobierno también tendrá que definir cómo se garantizarán los derechos de las personas sometidas a estos procedimientos y cómo se coordinarán las eventuales deportaciones con los países de destino.
Por ahora, no existe fundamento para afirmar que Colombia haya iniciado una deportación masiva de todos los migrantes irregulares. Lo que está confirmado es que el presidente ordenó poner en marcha operativos para detectar a extranjeros en situación irregular y que quienes estén involucrados en delitos tendrán prioridad dentro de la estrategia anunciada.
Por ahora, el mensaje del Gobierno es claro: Colombia endurecerá los controles migratorios y dará prioridad a los extranjeros involucrados en actividades delictivas, pero cada caso deberá pasar por el procedimiento administrativo correspondiente. El debate apenas comienza y estará marcado por una pregunta central: ¿cómo equilibrará Colombia su nueva política de seguridad migratoria con el debido proceso y los derechos de las personas migrantes?